Hace menos de un año el Gobierno regional impedía a migrantes que llevan menos de tres meses empadronados en la Comunidad el acceso a tratamientos que son diarios y en los que la adherencia es fundamental. Meses más tarde, pocas cosas han cambiado, salvo la lista de personas atendidas por las entidades sociales que buscan la puerta de atrás de los hospitales para que reciban esta atención. “Hemos estado haciendo números entre todas y calculamos que hemos atendido a unas 1.000 personas sin acceso a estos tratamientos”, explicaba la presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), Reyes Velayos, a elDIario.es.
En esta jornada y ante este escenario, Acción Triángulo, Apoyo Positivo, CESIDA, COGAM, gTt-VIH, Imagina Más, KIF-KIF y Salud Entre Culturas nos concentramos frente a la Consejería de Sanidad, para denunciar “el cambio en las medidas y las nuevas exigencias adoptadas en la Comunidad de Madrid desde noviembre del año pasado” que “han creado una barrera administrativa difícil de traspasar que atenta contra los derechos fundamentales e impacta gravemente en la salud pública y en el bienestar de todas las personas”.
La situación sanitaria en Madrid
Los registros no mienten, Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de casos de VIH, con cerca del 25% de los nuevos diagnósticos de todo el país, y además está entre las cinco primeras regiones europeas con mayor número de casos.
Pese a esta situación somos la única comunidad autónoma que impide el acceso al tratamiento antirretroviral a las personas en situación administrativa incierta. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid bloquea la posibilidad de acceder al Sistema Nacional de Salud y gestionar la historia clínica desde hospitales y centros de salud. El derecho a la protección de la salud debe concretarse en políticas y procedimientos administrativos establecidos por las autoridades sanitarias competentes que faciliten el acceso de cualquier persona a la atención sanitaria.
Actualmente sólo existen siete Unidades de Tramitación especializadas para otorgar el Documento de Asistencia a Extranjeros sin Residencia Legal (DASE). Sólo en siete oficinas de todo el territorio de la Comunidad de Madrid se puede realizar la gestión que da acceso al Sistema Nacional de Salud a personas extranjeras en situación irregular, siempre y cuando acrediten empadronamiento de 90 días o más en la comunidad.
Desde las entidades del tercer sector que hemos convocado a esta concentración hemos atendido, desde mediados de noviembre de 2021 hasta julio de 2022, a más de 1.000 personas a las que se niega el acceso al tratamiento antirretroviral (TAR), con las consecuencias que puede tener esto para su salud.
Las medidas burocráticas ejecutadas desde las Unidades de Tramitación, suponen una segregación que tiene como consecuencia el agravio de la situación epidemiológica y social del VIH y un problema de salud pública para nuestra región, además de contar con una lista de espera de hasta 7 meses.
Estas medidas restrictivas atentan contra la vida de las personas y ponen a miles en una situación de especial vulnerabilidad. También se convierten en una sobrecarga del sistema sanitario a todos los niveles:
– Aumentan los casos de VIH y las enfermedades relacionadas con el sida.
– Dificultan el control de la infección en términos epidemiológicos.
– Empeora la calidad de vida de las personas que viven con VIH y precariza su situación económica y laboral.
– Pone vidas en peligro.
– No solo afecta en relación al VIH. Hay otro tipo de infecciones que no se están tratando y que no solo ponen en riesgo la salud de la persona afectada, sino que puede implicar daños graves en la salud comunitaria, como por ejemplo una tuberculosis sin tratar.
– En general, supone un mayor riesgo de empeoramiento de las condiciones de salud para toda la población madrileña.
Queremos recordar a la Comunidad de Madrid su deber de cumplir con lo establecido en los artículos 14, 15 y 43 de la Constitución Española en su Título I “De los derechos y deberes fundamentales”: igualdad, derecho a la vida y derecho a la protección de la salud, siendo deber de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios.
Madrid no sólo se aleja de los derechos constitucionales, sino también de los objetivos 95-95-95 propuestos por ONUSIDA, objetivos del Plan estratégico de prevención y control de la infección por VIH y otras ITS 2021- 2030 que fueron reafirmados por España ante la Asamblea General de las Nacionales Unidas en 2021 y que forman parte de la hoja de ruta del gobierno español.
Los objetivos se refieren a:
- 95% de las personas con VIH diagnosticadas.
- 95% de ellas en tratamiento antirretroviral.
- 95% con carga viral indetectable y, por ende, intransmisible.
Consideramos inaceptable que la Comunidad de Madrid protagonice este retroceso, vulnere los derechos de las personas residentes en ella y ponga en riesgo la salud de su población. Reivindicamos la reversión de las barreras y la promoción de una atención sanitaria universal, oportuna, transversal e interdisciplinar que asegure el tratamiento antirretroviral (TAR), medida de prevención indiscutible reconocida a nivel internacional como respuesta contra la epidemia de VIH.
Imágenes: CESIDA.
